Argentina tiene nuevo  Código Procesal Penal Federal .

El mismo  fue aprobado por el Congreso e  introduce modificaciones a la norma sancionada en 2014, se publica este viernes en el Boletín Oficial. El compendio incorpora leyes sancionadas para el parlamento en los últimos dos años cuentos como la  bandera, la ejecución de la pena privativa de la libertad, la responsabilidad penal empresaria, las técnicas especiales de investigación y el arrepentido.

El Código Procesal Penal Federal se aplica a la  investigación y persecución de los delitos como el narcotráfico, la corrupción, la trata de personas y otros ilícitos relacionados con el crimen organizado . Esta Reforma Instaura El  Sistema de Acusador  en La Colecta de Actuación Fiscal. Esta iniciativa tiene que ver con los procesos más rápidos, sencillos y ágiles.

El jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia de la Nación, Martín Casares, destacó los aspectos más relevantes del nuevo Código Procesal Penal Federal.

"En el Código aprobado en el 2014 había algunas previsiones que hubieran evitado que suceda todo lo que está sucediendo.  En uno de los artículos tenías en la redacción de la cosa juzgada. Eso se elimina . Es decir, debe ser posible abrir una causa" "cuando realmente uno puede acreditar que no hicieron nada, que no se produjeron pruebas", explicó.

Otro aspecto de los aspectos que han sido señalados Casos es la  eliminación de los intercambios de la información brindada en los acuerdos entre imputados y fiscales  en la práctica, anulaba la figura del arrepentido.

¿Cómo se implementa el nuevo Código Procesal Penal Federal?

—Ese es el gran desafío. Hay una comisión en el Congreso integrado por diputados y senadores de todos los espacios políticos que usted ha expresado la voluntad de empezar, como ha sido hecho en otros países, de a poco. Se inició una implementación en Salta y Jujuy a mediados de mayo. Ya está trabajando en el cronograma para aplicar la nueva norma en forma paulatina. La elección de este tema se tuvo en cuenta que tiene un Ministerio Público Fiscal provincial que ya está trabajando con un sistema acusatorio. Como novedad, en el nuevo Código hay un artículo que habilita específicamente la posibilidad de coordinación entre fiscales federales y provinciales. Esto es necesario para que pueda coordinar las investigaciones. Ademáslos fiscales federales no tienen la capacidad territorial de investigación que sí tienen los fiscales provinciales. Con la posibilidad de colaborar podemos ayudar y apoyarse mutuamente. Desde el Ministerio de Justicia, hasta ahora, también tenemos convenios para que se puedan utilizar los fiscales federales en las investigaciones.

—El nuevo código incorpora nuevas técnicas de investigación criminal. ¿Se está capacitando a los operadores judiciales?

—Nosotros venimos brindando capacitaciones en varias provincias: tanto a jueces y fiscales; Tanto en la litigación como en la investigación. Además, una vez que esto sea una experiencia mejorará. Hasta ahora hemos dictado capacitaciones en Salta y en Jujuy a empleados, funcionarios, jueces y fiscales, tanto como el Consejo de la Magistratura. La Defensoría General ha hecho lo propio con los defensores y los secretarios de las Defensorías. En tema de capacitación, en líneas generales estamos bien.

—¿Qué impacto en la eficacia de la investigación criminal puede tener la incorporación al Código de la ley del arrepentido?

—Yo creo que va a ser muy fructífero. De un poco el sistema se dirige a ese lado. Es el caso fiscal, lo que se escucha, se habla, se evalúa, se negocia y se toma la decisión de pedirle la homologación de ese acuerdo con el juez. Otra de esas leyes, no tiene un impacto en el crimen organizado, sino también en el poder de los fiscales y en la oralización y agilización de los procesos es la bandera.

¿El nuevo Código Procesal Penal Federal tiene una cuenta preventiva o conceder una excarcelación?

Se trata de las pautas objetivas para tratar de limitar un poco más la discrecionalidad de los jueces. O mar, el juez tiene que saber qué es peligro de fuga, bajo qué condiciones o cuándo estamos frente a un entorpecimiento o no de la investigación. Acá eso está.

—¿Hay algún acuerdo entre las distintas fuerzas políticas para la aplicación del Código mar una política de Estado y no se cambie con los sucesivos gobiernos?

—Para nosotros es prioridad dejar el Código funcionando, pero no depende sólo de nosotros, depende también del impulso y el liderazgo que tiene la Comisión Bicameral. Nosotros vamos a poner todo lo que esté a nuestro alcance porque esto es prioridad para el ministro Germán Garavano. Y vamos a acompañar fuertemente al Consejo de la Magistratura, al Procurador General y a la Defensora General. Fuimos dando pasos: hoy tenemos el Código nuevo, empieza a funcionar. ¿Y qué va demostrando esto? Que lo que venimos haciendo es fortalecer el sistema acusatorio, mejorando un Código. Hay una continuidad de una política pública. En la medida que esto dé respuestas, muestre un funcionamiento de una Justicia distinta, que se haga rápidamente una audiencia, que se sepa qué hay en un expediente, que las decisiones se tomen en audiencias orales y públicas, va a generar que más provincias quieran aplicarlo.

—¿Este Código como encara el tema de los recursos para los procesos no son interminables?

—En principio, por el propio cambio de sistema, deberían dejar de existir las causas de 14 años que terminan prescribiendo porque el sistema -además de que es más ágil- tiene establecidos tiempos máximos de investigaciones, lo que se llama investigaciones penales preparatorias y demás. No sólo por el tema de la oralidad, sino por ser más informal la investigación, sin tener que estar completando un expediente con un montón de formalidades, el proceso va a ser más ágil. En un proceso informal, cada decisión que se apela se resuelve más rápidamente. El expediente, tal como se lo conoce ahora con una pila de papeles, hace que el proceso sea muy lento. Eso va a ser distinto. La idea es que esté todo digitalizado y tendríamos que dejar de hablar de causas y hablar de casos. Además, con la aplicación de notificaciones electrónicas, telefónicas y demás, esto tendría que fluir. En muchas provincias ya está funcionando bien el sistema acusatorio, ya hay capacidad instalada, ya hay fiscales que conocen o han ido a juicio, que aplican flagrancia, que investigan y generan acuerdos. Son prácticas bien interesantes.