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Hastag Urbano

Capacidad Jurídica de las Personas con Discapacidad

 Presentamos aqui documento legal relacionado con la limitación de la capacidad jurídica de personas con discapacidad como figura estrictamente excepcional.

En primera instancia, es necesario aclarar que la limitación del derecho fundamental a la capacidad jurídica no implica una infracción al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, dado que el máximo Tribunal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha sostenido que una medida que limite o restrinja un derecho humano, como lo es la capacidad jurídica debido a su conexión con el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, carece de arbitrariedad, y por lo tanto es convencionalmente permitida, siempre que esté debidamente fundamentada. Ahora bien, como se explicó con antelación, existen personas que debido al tipo y magnitud de su discapacidad no pueden expresar su voluntad y, en consecuencia, requieren de una figura que vaya más allá que el apoyo en la toma de decisiones; de ahí que, al encontrarse en una situación particularmente vulnerable, se requiere que frente a estas personas prevalezca la adopción de la medida más favorable, motivo por el cual es necesario que se aplique el principio pro homine, frente al cual se ha explicado que: Sin perjuicio de las reglas tradicionales de interpretación y aplicación de las fuentes de derecho tanto de orden interno como internacional enunciadas sucintamente, conviene subrayar que en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos importa tener en cuenta una regla que está orientada a privilegiar, preferir, seleccionar, favorecer, tutelar y, por lo tanto, a adoptar la aplicación de la norma que mejor proteja los derechos fundamentales del ser humano.

En este sentido, es evidente que plantear la limitación de un derecho fundamental con el propósito de garantizar otros supone un conflicto entre derechos de una misma categoría y, por lo tanto, sea procedente la aplicación del test de proporcionalidad, para esto se deben analizar la finalidad, la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto de la medida con la que se limitaría, en este caso, la capacidad jurídica. En lo que respecta a la finalidad, se requiere que esta sea legítima, es decir, que la medida analizada propenda por la garantía de un derecho fundamental, en el presente caso la limitación de la capacidad jurídica del grupo poblacional señalado para que esta sea ejercida por un tercero busca hacer efectivos los demás derechos de los que es titular la persona con ese tipo y grado particular de discapacidad. Frente a la idoneidad, es preciso que la medida se constituya en un medio a través del cual la finalidad perseguida se alcance en la mayor medida posible, hecho que se logra con una figura que limite la capacidad jurídica, pues, como se explicó, la opción alterna, el apoyo en la toma de decisiones, no es procedente ante la imposibilidad que tiene la persona de manifestar su voluntad. Sobre la necesidad, se ha explicado que se debe verificar la posibilidad de que sea implementada una medida menos gravosa, pero que también conduzca al propósito esperado, lo que no es procedente en esta oportunidad debido a las especiales características y necesidades de las personas con discapacidad a quienes estaría dirigida la limitación de su capacidad jurídica. Con relación a la proporcionalidad en sentido estricto, es necesario demostrar, cualitativamente, que el beneficio obtenido con la implementación de la medida es mayor o igual a la restricción que se efectúa del derecho fundamental, esto requiere llevar a cabo una ponderación con el propósito de determinar: i) el grado de afectación de uno de los derechos analizados, estableciendo si la intensidad de la afectación es grave, intermedia o moderada; ii) la importancia que reviste la satisfacción del bien contrario, y iii) si la satisfacción de este justifica la restricción de aquel. Con relación al grado de afectación, es claro que el hecho de que un tercero tome las decisiones por la persona con el tipo y grado de discapacidad referenciadas tiene como consecuencia una afectación grave al derecho a la capacidad jurídica; no obstante, lo anterior, al analizar, objetivamente, el segundo elemento se tiene que el bien contrario que se pretende satisfacer es el efectivo ejercicio de todos los demás derechos de los que es titular la persona a quien le sería aplicada la figura de la representación, motivo por el cual, en lo que se refiere al tercer elemento, se encuentra que una medida que limite la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en estos eventos se encuentra justificada.

En este orden de ideas, la limitación de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad puede verse desde la perspectiva del paternalismo jurídico, pues este se refiere a aquellas interferencias en la libertad de acción de una persona que encuentran su justificación en razones relacionadas con el bienestar, el bien, la felicidad, las necesidades, los intereses o los valores de la persona coaccionada. Bajo esta óptica, la medida tendiente a limitar la capacidad jurídica que se propone no se aplicaría sobre la base de la discriminación de la persona en atención a su condición de discapacidad, sino que se adoptaría con el propósito de protegerla y que sea posible que, a través de un tercero, ejerza los demás derechos de los que es titular al verse imposibilitada de hacerlo personalmente por el hecho de no poder expresar su voluntad a través de ningún medio de comunicación comprensible por otra persona, lo que implica que la procedencia de la medida sería estrictamente excepcional, pues son muy pocas las personas que se encuentran en esa situación. Sin embargo, no basta con que la medida sea de procedencia excepcional, sino que también se requiere que la misma esté debidamente regulada, especialmente en lo concerniente al procedimiento para su imposición, motivo por el cual se considera pertinente hacer uso de los parámetros que al respecto ha establecido el TEDH en su jurisprudencia en materia de interdicción. Así las cosas, el proceso debe adelantarse ante una autoridad judicial, en él se debe propender porque la persona con discapacidad haga parte de cada una de las etapas, esto teniendo en cuenta que el juez tiene que corroborar, de manera personal, que efectivamente la persona no puede manifestar su voluntad a través de ningún medio de comunicación comprensible por un tercero; además, la medida debe estar sujeta a revisión periódica por parte del juez, pero puede solicitarse su revocatoria en cualquier momento por parte de un tercero o de la misma persona sometida a la restricción en caso de que su condición mejore. Finalmente, con el propósito de evitar abusos en el ejercicio de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad, el tercero que se nombre para su representación debe tener limitantes para el ejercicio de los derechos de la persona, en especial los relacionados con la administración de bienes, la libertad e integridad personal y los sexuales y reproductivos. Estas limitantes consistirían en la necesidad de contar con la aprobación del juez para adoptar una decisión que comprometa alguno de estos derechos y, con relación a otro tipo de decisiones, se considera conveniente que también se cuente con otras personas que supervisen la actuación de quien ha sido nombrado como representante de la persona con discapacidad, función que puede ser asignada a los familiares cercanos de esta última, quienes podrían informar al juez cualquier irregularidad en el ejercicio de las facultades otorgadas al tercero que representa a la persona con discapacidad

Es innegable la importancia y necesidad del cambio de paradigma frente al reconocimiento, garantía y protección de los derechos de las personas con discapacidad, pues se trata de un grupo especialmente vulnerable debido a la discriminación de la cual ha sido objeto históricamente a través de la imposición de barreras; sin embargo, no es admisible que, con el propósito de atacar figuras discriminatorias como la interdicción, se adopten modelos que asignen la categoría de absoluto a derechos que, en la práctica, no pueden ser ejercidos por todas las personas con discapacidad. En este sentido, el modelo de “apoyo en la toma de decisiones” propuesto por Naciones Unidas asume que todas las personas con discapacidad pueden expresar su voluntad al momento de adoptar cualquier decisión y, por lo tanto, la capacidad jurídica no puede ser limitada bajo ninguna circunstancia, pero esta postura desconoce la existencia de un pequeño grupo de personas cuya discapacidad es de tal grado que no pueden expresar su voluntad a través de ningún medio de comunicación, por lo que el modelo en comento es ineficaz para ellos. Así las cosas, es evidente que Naciones Unidas debe reevaluar la postura que hasta el momento ha mantenido frente al derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y admitir que, frente a casos excepcionales, la limitación de este derecho fundamental se torna en una medida de protección al propender por el ejercicio de los demás derechos de la persona con discapacidad que no puede hacerlo por sí misma. Igualmente, es necesario que la medida o modelo a través del cual se realice tal limitación sea debidamente reglamentada con el fin de evitar que su imposición sea arbitraria o que su ejercicio permita la vulneración de otros derechos fundamentales, para lo cual es posible acudir a las precisiones que el TEDH ha realizado sobre la materia y que se fundan en la especial protección que requieren las personas con discapacidad por parte de la sociedad, el Estado y la comunidad internacional.

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