A nivel nacional, 6 de cada 10 estudiantes con discapacidad asisten a una escuela común, y 4 van a escuela especial. Los expertos señalan que, más allá de dónde cursan los chicos, para lograr inclusión plena es clave garantizar recursos, infraestructura y formación docente de calidad  La tendencia de los últimos 15 años marca que cada vez más estudiantes con discapacidad cursan en las escuelas comunes, una estrategia que antes era minoritaria en comparación con la asistencia a escuelas especiales. Pero ¿alcanza con la matriculación en una escuela “común” para garantizar la inclusión plena de estos alumnos?

Entre 2014 y 2024 se duplicó la cantidad de estudiantes con discapacidad que asisten a escuelas comunes: pasó de 65.790 a 127.456 en los tres niveles educativos obligatorios (inicial, primario y secundario). Actualmente, 6 de cada 10 alumnos con discapacidad (61,5%) van a una escuela común –la estadística oficial los denomina “integrados”–, mientras los otros 4 asisten a escuelas especiales. La integración viene creciendo de manera sostenida desde principios de la década pasada. Hasta 2020, la relación era inversa: había más alumnos con discapacidad en las escuelas especiales que alumnos integrados.Las escuelas de educación especial tienen un total de 107.516 estudiantes, según los datos de 2024. En esta modalidad, 3 de cada 4 estudiantes (74%) asisten a escuelas estatales, mientras que el restante 26% va a escuelas privadas. En el país hay 1831 escuelas de educación especial, incluyendo las de nivel inicial, primaria y secundaria. La cifra abarca a las escuelas que tienen estudiantes propios y las que ofrecen “integración” en articulación con escuelas comunes; muchas combinan ambas propuestas. Más de la mitad de los estudiantes integrados en escuelas comunes tienen discapacidad intelectual (54,6%); en segundo lugar figuran los trastornos del espectro autista (14,8%), que son los que más han crecido en los últimos años. A nivel nacional, hoy 2 de cada 3 escuelas “comunes” (el 64%) tienen al menos un estudiante con discapacidad en su matrícula: son más de 31 mil instituciones educativas en todo el país. Argentina tiene el mayor promedio a nivel regional de escuelas que reciben estudiantes con discapacidad. Pero la pregunta no es solo dónde están los estudiantes sino cómo están, es decir, cómo se los acompaña”, señaló Guadalupe Padín, funcionaria del Equipo de la Modalidad Educación Especial de la Secretaría de Educación, en el reciente Conversatorio sobre Educación Inclusiva para Personas con Discapacidad organizado por la Secretaría y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el apoyo de Tramared.

“No alcanza con garantizar el derecho a estar en la escuela. Hay que garantizar el derecho a aprender, a progresar y a ser evaluado. La verdadera inclusión no se mide solo en cifras, sino en las condiciones que aseguramos para cada estudiante. Si no garantizamos los apoyos, si no acompañamos a las escuelas y a los docentes, lo que parece inclusión puede terminar expulsando”, advirtió Mariana Schenone, directora de #Tramared, en un informe titulado Más estudiantes con discapacidad en escuelas comunes, pero sin apoyos suficientes.

Las leyes y el acceso

La normativa internacional y nacional garantiza el derecho de todos los estudiantes a asistir a una escuela común. El artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional en Argentina, exige que “las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad. La Ley de Educación Nacional reconoce la educación especial como una de las ocho modalidades del sistema educativo, mientras que la resolución 311 de 2016 del Consejo Federal de Educación (CFE) establece el derecho de los chicos con discapacidad a asistir a la escuela común en todos los niveles y en condiciones de igualdad con el resto de los estudiantes. Aunque las normas favorecieron el aumento de la inclusión, todavía existen limitaciones en el acceso: hay estudiantes que son rechazados por las escuelas.

La situación se repite con mayor frecuencia en las escuelas privadas, que suelen invocar su derecho de admisión y tener mecanismos de inscripción más discrecionales y menos transparentes.

Más allá de que el paradigma actual promueve la inclusión en la escuela común, muchas familias prefieren que sus hijos vayan a una escuela especial –y, en ese sentido, la normativa actual también sostiene que el sistema debe dar respuesta a todos los estudiantes–. Ahí se pone en juego la libertad de elegir: desde la Secretaría de Educación están trabajando junto con los referentes de educación especial de las provincias en un nuevo marco normativo que llevarán al CFE y que reconoce este derecho de las familias.

“El documento marca la importancia de actualizar el marco ético, político y pedagógico de la modalidad. También destaca la necesidad de enriquecer el modelo de las escuelas de educación especial, poniendo el foco en la responsabilidad pedagógica y en la libertad de elección de las familias”, explicó Alfredo Vota, subsecretario de Políticas e Innovación Educativa, en el conversatorio coorganizado con el BID.

La perspectiva no es ‘escuela común o escuela especial’, sino ‘escuela común y escuela especial’”, señaló Vota. Y aclaró que la idea es “acompañar a cada jurisdicción desde el modelo que haya adoptado, considerando que no hay respuestas únicas para avanzar en procesos de inclusión”.

El acceso es un primer factor clave. A nivel nacional, la oferta de educación especial se concentra sobre todo en el nivel primario (con 1345 escuelas), mientras que el inicial (762) y la secundaria (899) aún figuran bastante más atrás, si bien el nivel secundario fue expandiendo su cobertura en los últimos años. Estas cifras sugieren un reto básico: ampliar la oferta educativa, sobre todo en nivel inicial, para asegurar que todos los estudiantes con discapacidad tengan una escuela especial cerca.

Desafíos clave para la inclusión

Los especialistas advierten que, más allá de los avances en la integración, aún hay varios desafíos para lograr una verdadera inclusión que garantice aprendizajes para todos: entre otros, faltan recursos humanos y materiales, infraestructura adecuada, formación docente de calidad, sistemas de información capaces de captar las trayectorias reales y mayor articulación intersectorial (por ejemplo, entre las áreas de educación y salud

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, en la apertura del Conversatorio sobre Educación Inclusiva para Personas con Discapacidad, junto con Tamara Vinacur y Eduardo Arraiza del BID.

El aumento en la cantidad de estudiantes integrados no se acompañó con un incremento proporcional en los recursos. Entre 2015 y 2024, la cantidad de cargos docentes de la educación especial a nivel nacional creció un 18%: pasó de 52.397 a 61.865. En ese mismo período, aumentó 88% la cifra de alumnos integrados y bajó 16% la matrícula de las escuelas especiales.

Uno de cada cuatro estudiantes integrados (24%) no cuenta con ningún “apoyo a la inclusión”, según los datos oficiales (y la cifra asciende al 41% en nivel inicial). Tres de cada diez (31%) cuentan con apoyo privado; el restante 45% –menos de la mitad– recibe apoyo estatal.

La situación actual es crítica, según denuncian familias, organizaciones sociales y escuelas privadas, cuyo reclamo motivó la media sanción de la ley de emergencia en discapacidad. La Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina (Coordiep) denunció la “persistente falta de actualización del nomenclador nacional de prestaciones y el incumplimiento en los pagos a los prestadores de servicios, lo que ha llevado al sistema a un punto de colapso sin precedentes“.

En un comunicado firmado por su secretario ejecutivo, Norberto Baloira, desde Coordiep afirmaron que los recortes “comprometen severamente el acceso a la salud, la educación y el desarrollo integral de las personas con discapacidad”. Y advirtieron: “El hecho de que las personas con discapacidad pierdan el espacio educativo o terapéutico que requieren, el acompañamiento en la escuela común en inclusión educativa y la continuidad de sus terapias, provoca un grave e irreparable perjuicio en sus vidas, impidiéndoles construir autonomía y alcanzar la calidad de vida a la que tienen derecho.