Diputados de distintos bloques firmaron el dictamen de comisión de un proyecto que busca implementar un sistema de prestaciones básicas de atención integral, en el que se contemplarán acciones de prevención, asistencia, promoción y protecciones para personas con discapacidad.

La Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina avanzó en la firma de un despacho donde se consensuó un texto unificado en base a los proyectos presentados por los diputados Daniel Arroyo (UP-Buenos Aires) y Eduardo Valdes (UP) y Natalia de la Sota (Hacemos- Córdoba), pero ahora deberá pasar por el filtro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que conduce el libertario José Luis Espert, ya que el plan requiere de recursos del Estado Nacional.

El presidente de la Comisión, Daniel Arroyo, se comprometió a realizar todas las gestiones para que la iniciativa se trate de "forma rápida" en la comisión de Presupuesto y Hacienda, que es imprescindible para que pueda llegar al recinto.

La iniciativa llega luego de que a prinicipios de mayo el Gobierno Nacional presentara un proyecto de decreto para desregular el Sistema Único de Prestaciones Básicas que habilitaba a cada financiador de salud a fijar los aranceles de manera autónoma. Esto, a juicio de las organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad, lo que instauraría es una práctica “discriminativa” supeditada a los valores que sus coberturas médicas establezcan.

Para ello se establecen cambios a la Ley Nacional N°24.901 de Discapacidad aprobada en 1997. Natalia De la Sota dijo respecto al proyecto: “Como representantes de los argentinos, estamos en la obligación de buscar que jamás ningún gobierno que esté en el poder ejecutivo intente avasallar los derechos de las personas con discapacidad. Por eso este proyecto busca que quede en el texto de la ley, que los derechos humanos de las personas con discapacidad también se deben proteger”.

El avance de esta iniciativa se realizó en una jornada donde el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió a criticar el otorgamiento de los certificados de discapacidad, al publicar en la red social X: "Una auditoría de @andiscapacidad sobre 3 mil pensiones tomadas al azar demostró que el 80% no reunía los requisitos mínimos para ser otorgadas. Proyectado al total de las pensiones, esto implica un gasto de USD 2.400 millones anuales sin fundamento". 

Otro punto que se abordó en la reunión es el planteo de algunos diputados opositores sobre un borrador de decreto para modificar las prestaciones sobre discapacidad.

En ese sentido, la legisladora de La Libertad Avanza (#LLA) Lilia Lemoine sostuvo que "el decreto no va a salir, es un borrador que no se va a firmar"  Ahora deberá pasar a la Comisión de Hacienda, obtener dictamen y, entonces, ir al recinto, para su aprobación con media sanción

(Con el decreto) habría personas que tendrán acceso a coberturas de primera, otras de segunda y también de tercera y cuarta. Entendemos que esta desregulación destruiría el principio de universalidad y el de igualdad de acceso a las prestaciones que llevó tantos años de trabajo y esfuerzo poder construir y que hoy se adecua a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y es un orgullo para nuestra patria”, indicaron organizaciones que trabajan con discapacidad en un comunicado que emitieron el día de la marcha.

"No tienen que preocuparse porque no se van a limitar las prestaciones", consideró Lemoine.

En ese sentido, Arroyo dijo: "Necesitamos una comunicación oficial del Ejecutivo que dé cuenta de que el decreto no va a salir".

A lo largo del dictamen se fija que "la universalidad deberá garantizarse de manera tal de asegurar el acceso integral a prestaciones, servicios de igual calidad, sin discriminación para todos los beneficiarios del sistema a través de una política arancelaria única".

Además, crea el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad que tendrá como misión asistir a la Agencia Nacional de Discapacidad en la administración e implementación del sistema de prestaciones básicas de atención integral y universal a favor de las personas con discapacidad, diseñando la formulación de la política prestacional y la determinación de los valores arancelarios.

De acuerdo con la propuesta consensuada por los diputados, ese Directorio será presidido por el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (#ANDIS) e integrado por un representante los ministerios de Salud y Economía, de las secretarias de Educación y trabajo, de las superintendencias de Servicios de Salud, de Riesgos del Trabajo, del PAMI y del Consejo Federal de Salud, y dos representantes beneficiarios del Sistema de Prestaciones Básicos de las organizaciones de la sociedad social.

Ese Directorio establecerá el mecanismo de elección de los representantes de beneficiarios y prestadores, a excepción de aquellos que integren el primer Directorio que funcione a partir de la sanción de la presente ley, quienes excepcionalmente y por única vez serán elegidos por el Consejo Federal de Discapacidad.