Buscando una ley que dure hasta el 2027
Los problemas de fondo no se solucionan con declaraciones ni con más recursos; el sistema necesita rediseño: reglas claras de gestión y financiamiento que permitan respuestas
El sistema de discapacidad enfrenta tres tensiones: fraudes en pensiones no contributivas, desamparo de personas con discapacidad y reclamos de obras sociales y prepagas por obligaciones crecientes, mal definidas y sin financiamiento. Opera atrapado en burocracia, normas confusas y organismos superpuestos, lo que genera ineficiencia, costos evitables y abandono de los más vulnerables.
En este contexto, un sector de la oposición presentó un proyecto en Diputados para declarar la “emergencia nacional en discapacidad” hasta diciembre de 2027. Propone más recursos, pero no reformas estructurales. Es probable que el oficialismo lo rechace por la política de disciplina fiscal. Sin embargo, la pregunta central es si basta con más dinero ante un sistema degradado.
Una persona con empleo formal incapacitada accede al retiro por invalidez evaluado por comisiones médicas de la superintendencia de riesgos del trabajo-SRT, bajo reglas objetivas. Quienes no tienen empleo ni recursos pueden solicitar una pensión no contributiva, presentando el Certificado Médico Oficial (CUD) y tramitándolo ante #Anses. Esta prestación permite tener empleo formal