Entre los sectores más afectados por el contexto económico actual se encuentran los ciudadanos que están a cargo de transportar a personas con discapacidad y es por eso están a la espera de que les otorguen un ajuste arancelario.
El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que lleva la firma del presidente Javier Milei y deroga más de 300 leyes, es insanablemente inconstitucional al violentar las garantías y derechos suscriptos por el Estado Nacional que brinda rango constitucional a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La desregulación de Obras Sociales y Prepagas elimina esos derechos y garantías, desprotegiendo el acceso a la salud y a prestaciones mínimas y obligatorias para cada patología. así lo definieron las organizaciones de discapacidad durante la reunión del jueves 4 de enero.
Durante esta semana, sumarán más voluntades para presentar ante la Justicia Federal de La Rioja un amparo colectivo ante la inconstitucionalidad del #DNU y solicitarán audiencias con los representantes provinciales en el Congreso Nacional por el peligro que genera esta situación para las personas con discapacidad.
Por otra parte, en Santa Fe, los transportistas que trabajan con personas con discapacidad decidieron cortar el servicio por tiempo indeterminado hasta tener una respuesta favorable por parte del gobierno nacional y provincial.