El gobierno nacional argentino interrumpió el pago a prestadores del Programa "Incluir Salud", cuyos beneficiarios son personas con discapacidad que perciben pensiones no contributivas. Es decir, población que no tienen ningún tipo de cobertura médica y necesita del Estado para poder llevar adelante sus tratamientos.
Si bien los pagos se hacían en general con retrasos, había un flujo continuo. Pero desde que asumió la administración del partido político "La Libertad Avanza", las provincias advierten que Nación interrumpió los desembolsos para las prestaciones que contrata en forma directa pero que administran las jurisdicciones. Los servicios que están en riesgo son numerosos y esenciales: medicamentos de bajo y alto costo; traslados; diálisis; oxigeno; acompañantes terapéuticos; cuidadores domiciliarios; enfermería domiciliaria; pañales y tratamientos para la hemofilia. Son casi medio millón de personas afectadas en todo el país, de las cuales 270 mil están en la Provincia de Buenos Aires. Además, hay 11.190 solicitudes de inscripción al Programa que están frenadas y sin respuesta ante los reclamos.
El plan Federal Incluir #Salud es un programa del Estado Nacional que depende de la Agencia Nacional de Discapacidad. Está diseñado para la asistencia financiera a las provincias que se adhieran, las cuales administran los fondos mediante las Unidades de Gestión Provincial (3UGP).
De esta manera, cada jurisdicción brinda servicios de salud a las personas afiliadas a través de la red pública de prestadores y garantiza que todas las personas titulares de la Pensión no Contributiva (PNC) con discapacidad puedan acceder a una atención de calidad, independientemente del lugar donde vivan.
Actualmente se encuentran adheridas al Incluir la totalidad de las provincias. Se trata de un esquema que fue diseñado para el fortalecimiento económico mediante financiación específica a la red sanitaria de cada provincia, que hasta finales del año pasado venía funcionando con dificultades, pero sin interrupciones.
En cuanto al transporte de las personas con discapacidad (esencial para sus vidas, ya que sin ello no pueden acceder a las prestaciones de salud, educación, terapéuticas, rehabilitación, etc.) no se actualiza el valor del kilómetro desde septiembre del año pasado y ese fue el último pago que recibieron los transportistas. Con los altos niveles de inflación y el corte de la cadena de pagos, el servicio comenzó a paralizarse y peligra en todo el país. Ante esta situación, si los ministerios de Salud de cada provincia no asumen a la población del Programa Incluir bajo sus órbitas, estas podrían quedar sin cobertura. Pero las gobernaciones advierten que no pueden hacerse cargo del 100% de las prestaciones, ni de la deuda acumulada con los prestadores.
Las familias no descartan el camino de la judicialización. Desde las diferentes asociaciones de discapacidad advierten que podrían impulsar amparos para obligar al Estado Nacional a cumplir con los pagos. Al mismo tiempo, las asociaciones que nuclean a los prestadores esperan reunirse con las nuevas autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad (que recién asumieron esta semana) y aguardan con expectativa lo detalles de la política y el financiamiento que destinará el nuevo gobierno para uno de los sectores más vulnerables de la población.