La #ONU pide garantías al gobierno argentino en favor de las personas con discapacidad.El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas emitió un documento urgiendo al Estado Argentino a diseñar e implementar una amplia gama de políticas públicas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad y hacer cesar las múltiples formas de violencia y discriminación que enfrentan en diferentes ámbitos de sus vidas.
Las observaciones fueron elaboradas en el marco de un examen periódico a nuestro país, en el que el referido Comité buscó evaluar el nivel de cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y darle al Estado indicaciones para avanzar en ese sentido.
Esta es la segunda vez que el Comité monitorea a Argentina desde que ratificó la Convención: en 2012 le dirigió 50 recomendaciones, de las cuales el Estado cumplió apenas 8. Esto refleja una brecha enorme que debe ser revertida en forma urgente.
Entre las observaciones realizadas en esta oportunidad por el Comité se destaca la necesidad de:
- Armonizar su legislación y políticas públicas de discapacidad a nivel federal, provincial y local con la Convención, incluyendo la aprobación de una nueva ley sobre los derechos de las personas con discapacidad alineada con el modelo de derechos humanos.
- Garantizar la participación efectiva de las organizaciones de personas con discapacidad en la planificación, ejecución y evaluación de legislación y políticas públicas en materia de discapacidad.
- Avanzar en los procesos de externación de las personas institucionalizadas, cerrar los hospitales psiquiátricos, asegurar el abordaje de la salud mental en el primer nivel de atención y prohibir las internaciones involuntarias.
- Reglamentar la Ley Nac N° 26.480 de asistencia domiciliaria y garantizar la disponibilidad de apoyos para la vida independiente de las personas con discapacidad.
- Aumentar el presupuesto para salud mental conforme la pauta establecida por la Ley Nac. N° 26.657, según la cual el Estado debe destinar el 10% del presupuesto total de salud a salud mental.
- Redoblar esfuerzos para poner fin a la educación especial segregada, incluyendo un plan de acción nacional en educación inclusiva con objetivos específicos, plazos, recursos humanos y un presupuesto suficiente.
- Armonizar el Código Civil y Comercial de la Nación con la Convención para garantizar el igual reconocimiento como persona ante la ley de todas las personas con discapacidad, incluyendo la eliminación de las disposiciones que permiten la restricción de su capacidad jurídica y dejando atrás la curatela.
- Reforzar las medidas afirmativas y los incentivos para alentar el empleo de las personas con discapacidad en los sectores público y privado.
- Reformar la legislación en materia de pensiones no contributivas por “invalidez” para reemplazar el modelo médico por el de derechos humanos.
- Modificar el Código Nacional Electoral a fin de reconocer el derecho al voto de todas las personas con discapacidad.
- Incrementar esfuerzos para que las mujeres y niñas con discapacidad puedan acceder a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad.
- Incorporar la perspectiva de discapacidad en la Ley Nac N° 26.061 y en el sistema de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
- Garantizar la accesibilidad de la información en los medios de comunicación pública.
- Desarrollar un sistema de recopilación de datos sobre las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida.
Esperamos que esta vez las exhortaciones que formuló el Comité sí redunden en cambios concretos que transformen la vida de todas las personas con discapacidad y permitan construir una sociedad más justa e inclusiva.
