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Tutela Judicial de Personas con Discapacidad

por: mwilson
 |  Hastag Urbano

En España, notarios, jueces, organizaciones y el colectivo de la discapacidad han celebrado el segundo aniversario de la #Ley por la que se reformó la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad,  en el ejercicio de mandato.

   El presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, ha señalado que "desde su puesta en marcha, todo se regula con mejores criterios.

   "También ha permitido establecer las salvaguardas necesarias para garantizar que en cualquier momento y circunstancia se respete su libertad", ha añadido Martínez.

   Antes de la aprobación de esta Ley, como ha indicado el Notariado, para ejercitar sus derechos ya fueran patrimoniales, familiares o sucesorios, muchas de las personas con discapacidad tenían que solicitar --ellos o sus familiares-- la incapacitación judicial.

   Ahora, tal y como ha detallado la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Patricia Arrizabalaga, "las personas con discapacidad, en el ejercicio de su capacidad jurídica, son iguales a las demás, y, en consecuencia, toman sus decisiones con los apoyos que precisen, los justos y necesarios, ni más ni menos". "La persona con discapacidad se sitúa en el centro mismo del sistema. Es la protagonista absoluta, y así debe ser, desde un modelo social de derechos entre humanos", ha añadido.

   No obstante, la directora de la Fundación Aequitas, Almudena Castro-Girona, ha alertado de que dos años después de su entrada en vigor "aún se detectan reticencias, desinformación, recelos o miedo". Por este motivo, ha llamado a la unión para remar en el mismo sentido y superar los escollos. "Debemos acompañar a la Ley en su crecimiento y movilizar a la sociedad para conseguir que la igualdad sea efectiva", ha destacado.

   En la misma línea, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez admite que queda aún camino por recorrer. En este sentido, ha recordado que "es una ley proceso que requiere de un gran trabajo de concreción y de aplicación, y eso va a llevar, al menos, una década".



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