Debe haber un cambio de mirada real. También es necesario un aumento de los canales de comunicación desde la escuela misma, donde el impacto siempre va a ser positivo.

Maestras integradoras, asistentes, técnicos, transportistas, docentes, auxiliares, rehabilitadores, acompañantes terapéuticos no merecen un discurso político vacío y parcial. Las redes sociales están llenas de pedidos de padres, personas con discapacidad que son víctimas de la burocracia, de las obras sociales que solo responden una y otra vez “en vías de resolución” cada solicitud que corresponde a un derecho.

Claro que hay muchas instituciones que carecen de recursos para resolver con urgencia lo importante. Entonces es ahí donde hay que trabajar la inclusión.

“Incluir tiene que ver con todo un cambio de mentalidad a nivel social para que las personas con discapacidad o que tengan ‘algo distinto’ a lo que consideramos ‘normal’ no tengan que estar luchando por hacerse su lugar dentro de la sociedad”, opina la licenciada en psicopedagogía Florencia Gujis (M.P. 1528).

Las decisiones que se toman a nivel gubernamental y los presupuestos que se van a destinar deben incluir honorarios acordes a la realidad que se vive. Hay trabajadores que dejan la actividad porque no les alcanza para vivir y las afectadas son las personas que requieren de estos servicios para tener calidad de vida.

Los chicos que nacen con alguna condición que les demande terapia, estimulación, cuanto antes la reciban, más rápido compensan las dificultades y tienen muchas más posibilidades a futuro de estar incluidos en la sociedad de una manera más autónoma como, por ejemplo, terminando sus estudios secundarios, terciarios y logrando tener un trabajo que les permita solventarse ellos mismos sin precisar ayuda del Estado”.

La cuenta es fácil: mejorar la calidad de vida de una persona con discapacidad hará que precise menos del estado. Es una inversión a largo plazo, pero ¿qué gobernante proyecta a largo plazo en nuestro país.

El dilema de la falta de profesionales

“No hay profesionales prácticamente en ningún hospital provincial ni municipal, porque los honorarios que reciben son muy bajos. Faltan neurólogos infantiles, fonoaudiólogos en los lugares públicos y eso dificulta el acceso al certificado único de discapacidad, que es un documento público válido en todo el país que permite ejercer los derechos y acceder a las prestaciones previstas en las leyes nacionales "22.431 y 24.901″.

Para muchos profesionales no estar nomenclados, no estar en el registro nacional de prestadores, ni en el Programa Médico Obligatorio (P.M.O.)”, es estar inmerso en  la precarización de su profesión. 

En una sociedad cada vez más fragmentada, trabajar por la inclusión es un desafío intensivo que nos atraviesa a todos. Debe haber un cambio de mirada real. También es necesario un aumento de los canales de comunicación desde la escuela misma, donde el impacto siempre va a ser positivo.

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