Las Injusticias que provoca la indigencia en Argentina.
Como consecuencia de los índices de pobreza e indigencia, que aumentan mes a mes, identificar cuántas personas con discapacidad pueden ser incluidas en esos sectores postergados nos brindará datos para reflexionar y accionar.
Debemos recordar que el Censo del año 2022 dejó más dudas que certezas. Algo relativamente previsible cuando se advertía la obstinada posición tomada al no permitir la inclusión de preguntas técnicamente correctas para saber cuántos habitantes, en la República Argentina, tienen discapacidad.
Hay constancia de organizaciones y profesionales que instaron con insistencia al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) a incluir con claridad lo relativo a las personas en situación de discapacidad. No ocurrió.
Si se siguen los informes que emiten con periodicidad el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud (OMS), surge de modo indubitable que es certero lo que han venido mostrando e, inclusive, pronosticando.
Para estas instituciones, el porcentual de personas con discapacidad a nivel mundial alcanzaba en 2010 al 15% de la población. Y es preocupante porque, se agrega, está “en alza”. Finca esta aseveración en lo que se denomina como el envejecimiento de la población. Ello implica un incremento en el número de personas con discapacidad, por algunas situaciones que se asocian con la mayor edad.
En ese contexto, y como consecuencia de los índices de pobreza e indigencia que aumentan mes a mes, identificar cuántas personas con discapacidad pueden ser incluidas en esos sectores postergados nos brindará datos preocupantes.
Si partimos de un dato concreto –conforme al Indec– que indica que la población argentina alcanza a algo más de 46 millones de habitantes y tomamos la validez de los datos de organismos internacionales que señalan un 15% de población con discapacidad, el resultado lleva como número probable que hay en el país unas 6,9 millones de personas en esa condición.
Se puede reprochar que son datos que refieren a estadísticas mundiales, pero estos organismos explican claramente el modo de obtener el porcentual, lo que despeja cualquier reproche. El censo del año 2022 se constriñe sólo a las personas con certificado único de discapacidad e indica como cifra cierta un millón y medio de habitantes, dato parcial que de modo discriminatorio oculta en un cono de sombra a muchísimas personas con discapacidad.
La diferencia es abismal y, aun siendo restrictivos, las organizaciones sociales de Argentina indican que la cantidad de personas con discapacidad en el país alcanza a más de cinco millones.
Esta cifra es menor a la que resulta de aplicar los porcentuales que dan la #OMS y el Banco Mundial. Pero este dato de las organizaciones será la base para hacer un cálculo que nos permita alcanzar con algún grado de certeza la cantidad de personas con discapacidad que se encuentran dentro de los grupos económicamente vulnerables, según los últimos datos de pobreza e indigencia que difunde el Indec.
Una sencilla operación matemática nos dice que con una base de cinco millones y si tomamos el 39% de pobres, al menos 1,56 millones de personas con discapacidad estarían comprendidas en en una situación de extrema vulnerabilidad. Si se realiza la misma operación en relación con personas indigentes (el 8% de la población), equivale a 320 mil personas en situación de discapacidad dentro de ese grupo vulnerable.
Súmese a lo anterior la imposibilidad palpable de acceder a vivienda, alimentación, prestaciones de salud, educación, trabajo digno, y un etcétera vergonzoso. Esta información, debería interpelar con firmeza a los responsables políticos para que se realicen el prometido censo nacional y así conocer el número de personas con discapacidad y, hasta que ello suceda, adopten las medidas para visibilizarlas y garantizar los derechos de los que son titulares.
El Registro Nacional de Personas con Discapacidad (en adelante, #RNPcD) se inició en el año 2009 y desde entonces fue incrementando la cantidad de #CUD (Certificado Único de Discapacidad) emitidos años tras año, a medida que se fueron incorporando por convenio las provincias de todo el país. Se trata de un registro administrativo, continuo y dinámico que contiene a todas las personas con discapacidad certificadas con CUD vigentes y activos desde su inicio.
Durante el año 2019 se emitieron en el país 274.496 Certificados Únicos de Discapacidad.
Considerando las regiones del país, la mayor cantidad de certificados emitidos se produjo en la Región Centro (190.368), seguida por la región Noroeste con 30.540 certificados emitidos. La Región Cuyo, por su parte, registró la emisión de 22.025 CUD, mientras que la Región Noreste alcanzó la cifra de 16.978. En último lugar, se ubicó la Región Patagonia con 14.585 certificados emitidos. Entre quienes obtuvieron el Certificado Único de Discapacidad durante 2019, 123.910 personas fueron de género femenino y 150.525 de género masculino, mientras que dentro de las categorías Transexual y Otro se registraron 38 y 23 personas respectivamente.
Dentro del tramo de edad que abarca entre los 15 y 64 años se ubicaron 138.274 personas, mientras que 74.326 lo hicieron en el tramo de 0 a 14 años.
Por último, 61.896 personas tenían 65 años o más al momento de la certificación.
La mayor prevalencia se observó entre quienes fueron certificadas con deficiencia de origen física motora (70.984), mientras que aquellas que presentaron más de un tipo de deficiencia de origen se ubicaron en segundo lugar (57.326). En tercer lugar, se concentraron las personas con deficiencia de origen mental (56.794), seguidas por aquellas con deficiencia de origen intelectual (32.218). En quinto y sexto lugar se ubicaron las personas con deficiencia de origen física visceral (23.210) y sensorial auditiva (22.710), respectivamente, mientras que 11.794 fueron certificadas con deficiencia de origen sensorial visual.
En relación con el origen de la deficiencia, 123.353 personas presentan origen desconocido, 104.849 personas origen adquirido, mientras que 46.288 se ubicaron en la categoría de origen congénito de la deficiencia.
Entre las personas certificadas cuya deficiencia fue adquirida, la mayor prevalencia se observó entre aquellas con enfermedades o síndromes: 87.702 casos. El resto de las causas se distribuyeron entre Accidentes (8.634), Problemas en el parto (4.119), Otras (3.660), Inundaciones, contaminación, hechos violentos (734).
Respecto a condición de actividad, 167.696 no busca trabajo, 24.216 trabaja y 8.235 buscan trabajo. Entre las personas que declararon poseer empleo, la mitad manifestó desempeñarse como obrero/a o empleado/a (13.737).
En relación con el aporte previsional de las Personas con CUD mayores de 14 años que trabajan, prevalece el realizado por el empleador/a (11.741) mientras que 7.663 no registran aportes. Por último, 4.812 declaran realizar sus propios aportes.
Entre las personas que declararon acceder a derechos previsionales, 56.304 se ubican en la categoría de jubilación del sistema contributivo y 53.273 perciben pensión no contributiva. El resto se repartió entre: jubilación y pensión (6.046), pensión del sistema contributivo (5.848), pensión no contributiva graciable (3.690), pensión no contributiva y otra situación previsional (1.720) pensión no contributiva graciable y otra pensión, y pensión contributiva y otra pensión (205 y 196 cada una), y otro tipo de derecho previsional (10.349).
Del total de la población certificada durante el año 2019, 136.851 personas no percibían ningún tipo de beneficio previsional.
En cuanto a la cobertura de salud, 105.367 personas poseen obra social, 71.586 se atienden en el sistema público de salud, 45.757 son beneficiarios de PAMI, 35.821 tienen cobertura de programas provinciales de salud y 15.964 poseen servicio de medicina prepaga.
De las personas certificadas en 2019, 211.884 se encuentran alfabetizadas mientras que 22.819 no han podido acceder a la alfabetización.
La situación habitacional informada por las personas con CUD durante el año 2019 estableció que 261.697 personas habitaban una vivienda particular mientras que 12.641 se encontraban en situación de vivienda colectiva. Las personas en situación de calle alcanzaron 158 casos.
La tipología de la vivienda particular se divide en 8 categorías. A los efectos de este análisis se dividirán en dos grandes grupos: Vivienda Conveniente (casa y departamento) y Vivienda No Conveniente (casilla, rancho, pieza en inquilinato, pieza en hotel familiar o pensión, local no construido para habitación y vivienda móvil). 254.129 manifestaron habitar una vivienda particular conveniente. 7.568 informó al momento de la certificación que se encontraba habitando una vivienda de características no convenientes, principalmente casilla (3.697).
Son 12.641 las personas con CUD que fueron certificadas en situación habitacional de vivienda colectiva, 5.768 del total de esta población se ubicó en la categoría “Hogar para personas mayores, religiosos, para niños, niñas y 9 adolescentes”. 4.717 personas se registraron en la categoría “Hospital, Clínica, Sanatorio”. 1244 no especificaron tipo de vivienda colectiva. Además, se observó que 770 se registraron en la categoría “Hospital, Clínica, Sanatorio.
Por último, 55 PcD se encuentran en “Prisión, Comisaría o Instituto de Menores”.
En Argentina, más del 87% de las Personas mayores de 14 años con Certificado Único de Discapacidad (CUD) no tiene trabajo.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 80% de la población con discapacidad, que representa aproximadamente el 15% de la población mundial, no accede al trabajo formal. En Argentina, según datos recogidos en 2018 por INDEC, y en concordancia con la media ubicada por la ONU, la tasa de empleo es de apenas el 32,2%. Los mismos datos de la ONU revelan que tienen menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas.
Esto significa “una clara la vulneración de derechos que enfrenta la población así como la necesidad de eliminar barreras y obstáculos para promover la participación de las personas con discapacidad en la vida social, económica, política y cultural. Y es urgente la revisión de políticas públicas interseccionales que contemplen la diversidad humana para la protección de derechos”, opinan desde las organizaciones que integran la Alianza #AHORA,(Alianza Humanista de Organizaciones para la Reflexión y la Acción), que busca incidir en la cultura y en las políticas públicas para que todas las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos Es una de las artifices de la campaña “Inclusión Artificial”, creada por Grey Argentina. Lo que hicieron, bajo el concepto “I.A.; Inclusión artificial”, es crear la campaña en la que se ve a personas con discapacidad en distintos roles laborales y hacer un paralelo con la realidad, donde eso no sucede. “En el mundo real, el 75% de las personas con discapacidad no consigue trabajo”, dicen los creadores.
El desafío de las sociedades en el mundo actual es la promoción y la garantía de derechos humanos, asegurando el desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible de una sociedad que facilite la convivencia en paz, eliminando barreras y generando apoyos. Denunciar el incremento constante de la exclusión y pobreza de este grupo social, debería ser prioridad, solicitando que se implementen todas las medidas necesarias para erradicar estas situaciones en las que se encuentran una tercera parte de todas las personas con discapacidad del país, es una tarea de tod@s como población. Nos encontramos a mitad de camino de la fecha marcada para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (#ODS), que se propusieron como una agenda ambiciosa para transformar nuestro mundo. Siempre hemos sabido que los #ODS no se pueden realizar sin la inclusión de las personas con discapacidad. Desde la pobreza hasta la desigualdad, pasando por temas climáticos y de salud, la promesa de no dejar a nadie atrás es el fundamento del llamado a la acción de dichos #ODS.
