La iglesia advierte por la crisis

La Conferencia Episcopal Argentina advierte sobre una crisis económica y social grave que afecta a las personas con discapacidad y a las instituciones que las asisten, debido al retraso y la insuficiencia de los aportes estatales.
Los obispos han solicitado al Gobierno una respuesta urgente para garantizar la continuidad de tratamientos, terapias y servicios esenciales, señalando que “las personas con discapacidad no pueden esperar”. 

En representación de la Conferencia Episcopal Argentina asistieron su secretario general, monseñor Raúl Pizarro; el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Fernando Barilatti; el padre Aníbal Quevedo, consejero de la Obra Don Orione; y María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad, constituida recientemente por la CEA con representantes de Pastoral Social, Pastoral de la Salud y Cáritas.

Los enviados de la Iglesia le entregaron a los funcionarios un petitorio y dialogaron sobre posibles soluciones para la delicada situación del área de discapacidad. Desde el Gobierno reconocieron que la actual Ley de Emergencia no se cumple en su totalidad y, aunque no ofrecieron respuestas concretas, convocaron a los referentes eclesiásticos a una nueva reunión.

“Se abre un espacio de diálogo entre el área de Discapacidad de la Conferencia Episcopal (que representa a las familias y organizaciones) y el Ministerio de Salud. Debemos apostar a este espacio de diálogo. Nos llevamos tareas para hacer y pasar en limpio algunos datos”, relató al término del encuentro Baya Casal.

La coordinadora de la Mesa de Discapacidad informó, puntualmente, que el Gobierno adeuda compensaciones a los prestadores por los años 2023, 2024 y 2025. “La Iglesia acompaña a las personas con discapacidad. Nosotros no estamos para dar soluciones políticas”, sentenció, y agregó: “Los gestos no alcanzan”.

Gesto simbólico

La Casa Rosada intentó descomprimir el clima de tensión con el colectivo de discapacidad a casi un mes de la llegada del Papa León XIV y su visita al Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole. “La visita del Papa despabila bastante a la sociedad, y tal vez a las autoridades también”, deslizó Baya Casal en declaraciones a la prensa.

A fines de septiembre, el área de Discapacidad de la CEA emitió un documento titulado “La fragilidad que nos humaniza”, en el que sostuvo que “no es un hecho casual” que el Sumo Pontífice haya elegido el Cottolengo para su visita, sino que se trata de “un gesto de profundo contenido simbólico”.

En ese texto, advirtieron que “para las personas con discapacidad y sus familias está en juego la posibilidad de sostener tratamientos, terapias, apoyos y condiciones básicas que hacen posible su vida cotidiana”. En este sentido, subrayaron que “la respuesta del Estado no debe reducirse a una ecuación matemática”.

Puntos clave de la advertencia:

  • Riesgo de cierre de instituciones: Centros como los Cottolengos Don Orione, que atienden a unas 1.200 personas, enfrentan un riesgo real e inmediato de cierre por déficits en alimentación, medicamentos y salarios.
  • Recortes presupuestarios: La Iglesia critica el Proyecto de Presupuesto 2027 y posibles derogaciones de la Ley de Emergencia en Discapacidad, advirtiendo que eliminar la cobertura médica obligatoria o fragmentar aranceles constituye un “desamparo ético”.
  • Deuda del Estado: Se denuncia que el Gobierno adeuda compensaciones a prestadores por los años 2023, 2024 y 2025, lo que ha generado un endeudamiento creciente y deterioro en la calidad de los servicios.
  • Diálogo oficial: El Ministerio de Salud convocó a la Conferencia Episcopal para una reunión de trabajo con el objetivo de analizar la problemática y avanzar en respuestas concretas, en un contexto previo a la visita del papa León XIV.

Tras la reunión de hoy en el Ministerio de Salud, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) planteó estas medidas concretas:

1. Pago de la deuda pendiente (2023–2025)
María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad, fue explícita: “Lo que se debe comprometer a pagar el Gobierno son compensaciones, actualizaciones del 2023 al 2025, esa sería la deuda actual”. Reclaman un cronograma de pago para los prestadores.

2. Cumplimiento integral de la Ley de Emergencia (Ley 27.793)
La CEA exige que se aplique la ley vigente en su totalidad, señalando que “el Gobierno los acepta” como incumplimientos. En particular:

  • Mantener la cobertura médica obligatoria sin fragmentarla.
  • Conservar la universalidad del nomenclador y la homogeneidad de aranceles con actualización periódica.
  • No restringir el acceso a las pensiones no contributivas.

3. Partidas presupuestarias específicas y suficientes
Reclaman que el Presupuesto 2027 incluya partidas dedicadas y adecuadas para sostener las prestaciones, y que los recursos sean contemplados cada año en el presupuesto del Ministerio de Salud.

4. Ampliación de la mesa de diálogo
La CEA pidió incorporar “más referentes” del sector (familias, organizaciones, prestadores) a la mesa de trabajo, para que el diálogo no se limite a un encuentro entre el Estado y la Iglesia.

5. No evaluar la discapacidad desde una “métrica financiera”
En su documento La fragilidad que nos humaniza (fines de septiembre), la Comisión de Pastoral Social advirtió: “La respuesta del Estado no debe reducirse a una ecuación matemática. Detrás de cada terapia, tratamiento o insumo médico existe una persona real con un proyecto de vida”. Piden que el presupuesto se entienda como herramienta de desarrollo humano, no solo de ajuste fiscal.

6. Continuidad de tratamientos y servicios básicos
Garantizar el acceso a salud, rehabilitación, educación y acompañamiento sin interrupciones, especialmente en instituciones como los Cottolengos Don Orione, que enfrentan riesgo de cierre.

En síntesis, la postura de la Iglesia no es opositora al proyecto oficial (“Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia permanente del sistema de Discapacidad”), sino que busca asegurar que el nuevo régimen no implique recortes respecto de lo que ya establece la ley vigente, y que se resuelva la deuda acumulada. “Los gestos se traducen en realidades”, resumió Baya Casal.


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