El Gobierno Nacional detectó sobreprecios de hasta 4239% en compras de andadores, sillas de ruedas y prótesis en la ex-Agencia Nacional de Discapacidad.
Un informe del Ministerio de Salud detectó diferencias de hasta el 2000% en insumos médicos adquiridos por la ex-ANDIS. La causa está en manos de la Justicia y abarca a funcionarios y proveedores.
El informe advierte sobre “desvíos de precios injustificables” y la existencia de posibles vínculos societarios y familiares entre proveedores, lo que habría afectado los principios de competencia y razonabilidad del gasto público. El documento ya fue incorporado a una causa judicial.
Entre los casos relevados, se detectaron sobreprecios de hasta el 2000% en sillas de ruedas y una diferencia del 4239% en la compra de un andador respecto de un producto equivalente en el mercado.
También se menciona la adquisición de un sistema de válvulas bicaval transcatéter, por el que Andis pagó $425 millones en julio de 2025, mientras que el PAMI había abonado $124,2 millones por el mismo insumo en marzo, lo que representa un 242% más.
El informe, fechado el 10 de abril de 2026y firmado por la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, fue calificado por fuentes oficiales como un relevamiento de “hallazgos preliminares”. Según indicaron, las posibles inconsistencias fueron documentadas y remitidas por las vías institucionales correspondientes, quedando ahora bajo análisis de la Justicia.
La causa investiga un presunto fraude millonario en Andis y tiene entre los imputados a Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, aunque su defensa sostiene que no hay pruebas que lo vinculen con las maniobras.
El documento analiza 37 facturas correspondientes a seis proveedores, que en conjunto recibieron pagos por $18.100 millones. Entre ellos figura Farma Salud, que concentró $7900 millones y cuyo socio mayoritario, Osmar Mariano Caballi, fue citado a indagatoria.
Otros proveedores mencionados son Artrobone, Bymax Medical, Cirugía y Ortopedia Imnova, Expo Trauma y Ortopedia Bernat. En varios casos se detectaron precios significativamente superiores a los valores de referencia, incluyendo facturaciones de $19 millones por sillas de ruedas cuyo precio estimado rondaría $1,27 millones.
La investigación también apunta al funcionamiento del sistema de compras Siipfis, utilizado para agilizar contrataciones. Según la hipótesis fiscal, habría sido manipulado para restringir la competencia, seleccionando previamente a las empresas participantes o simulando procesos competitivos.
El fiscal Picardi sostuvo que el mecanismo habría sido utilizado para favorecer a determinados proveedores “de manera ilícita y coordinada”. En total, fueron citadas a indagatoria 49 personas, entre funcionarios, empresarios y operadores vinculados.
La causa continuarà en etapa de instrucción y se esperan avances a partir de nuevas indagatorias y peritajes, entre ellos el análisis de audios incorporados al expediente, que podrían aportar información clave sobre el presunto esquema investigado. Seguiremos informando.
