La demanda por mayores fondos a las universidades, cuyos docentes y no docentes denuncian haber perdido un tercio del poder adquisitivo de sus salarios en los últimos tres años, es una verdadera piedra en el zapato para el Gobierno, que no logra quitársela y sobre la que insiste en no ceder, con argumentos de naturaleza presupuestaria y razones de índole política.
Bajo la superficie, no obstante, quedan abiertas demandas insatisfechas, logros costosos para el oficialismo y varios interrogantes sin respuestas. Pero eso quedará para más adelante y es parte del tacticismo extremo al que ha apelado últimamente la Casa Rosada para sortear complicaciones. Por eso, este miércoles funcionarios y propagandistas libertarios festejaron en las redes sociales y medios de comunicación lo sucedido.
En el recinto de la Cámara de Diputados, la oposición, debilitada por gobernadores amigables con el Gobierno, que hicieron ausentar a los legisladores que les responden, se quedó con el sabor amargo de una derrota, previsible, pero que hasta último momento se ilusionó con revertir. El Gobierno había dispuesto de varios recursos para neutralizar el embate.
La confluencia de los diputados opositores, pertenecientes al peronismo, al radicalismo, a la Coalición Cívica y a la izquierda, no logró alcanzar el quorum, a falta de solo ocho diputados, para tratar la derogación del megadecreto 70/2023, que abrió paso a las principales reformas y desregulaciones en el primer año de gestión. Las ausencias también impidieron debatir los proyectos opositores sobre discapacidad y sobre endeudamiento familiar.
De haber prosperado esas tres iniciativas, habrían impactado seriamente sobre el Gobierno, especialmente en lo político, pero también con importantes efectos económicos, justo en un momento en el que entre inversores internos y externos asoman dudas sobre su fortaleza política y aptitud electoral, en razón del impacto social que tiene la compleja marcha de la economía, con la dominancia de varios indicadores negativos.
Después de ese circunstancial alivio, afuera del recinto legislativo se llevaron toda la atención los violentos incidentes, protagonizados por militantes de izquierda y, sobre todo, por encapuchados sin adscripción visible a ningún espacio, que arrojaron piedras y objetos metálicos, y fueron reprimidos duramente por agentes de las fuerzas federales de seguridad, con balas de goma, chorros de agua desde carros hidrantes y gases lacrimógenos, que se esparcieron por toda la zona. Otra vez, además, agentes federales hirieron a reporteros que estaban cubriendo los incidentes.
Los hechos de violencia terminaron por desplazar, así, a un plano secundario otra masiva manifestación en demanda de recursos para la educación pública y en protesta por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario por parte del Poder Ejecutivo.
Fue un auténtico regalo el que le hizo al Gobierno ese grupo de violentos no identificados (como ya ocurrió en protestas anteriores durante esta administración) al desnaturalizar y desviar la atención respecto de un reclamo que cuenta con una amplia y transversal aceptación social, en todo el país, como se vio en esta ocasión y en las cuatro manifestaciones anteriores, y reflejan las encuestas de opinión pública.
Según una encuesta de la consultora Management & Fit, el 54,7% de las personas consultadas se manifestó en contra del incumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Y las universidades públicas se encuentran entre las instituciones con mayor nivel de confianza de la sociedad argentina, con más del 60% de aprobación.
La derrota oficialista en la Cámara baja, en cambio, encierra una combinación de circunstancias que le dio (temporariamente) una cuota de oxígeno al Gobierno, pero no lo sacó definitivamente de un pantano que le está insumiendo ingentes recursos y esfuerzos, tanto como impactando sobre su capital simbólico y la ya muy dañada credibilidad del Poder Judicial, especialmente de la Corte Suprema.
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