La actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.

Esta actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad se aprueba formalmente a través de la Resolución 3487/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad (dependiente del Ministerio de Salud de la Nación), la cual fue publicada en el Boletín Oficial.

Esta normativa se apoya en el marco legal general del Sistema de Prestaciones Básicas en Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad y utiliza como metodología de actualización mensual la variación del Índice de Precios al Consumidor (#IPC) del mes inmediatamente anterior (en este caso, tomando como referencia la inflación informada para agosto). Asimismo, la resolución ratifica la vigencia del adicional del 20% por zona desfavorable para las provincias de la región patagónica.

Aspectos clave de la medida:

Criterio de cálculo: El incremento se calculó de forma lineal sin diferenciar el tipo de prestación, tomando como base la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto de 2026 respecto de los valores fijados previamente en la Resolución 2775/2026.
Servicios alcanzados: El ajuste comprende prestaciones de transporte, rehabilitación, hogares, residencias, centros de día, centros educativos terapéuticos y formación laboral.
Adicional por zona desfavorable: Se mantiene el beneficio del 20 % extra sobre el arancel básico para las prestaciones que se brinden a personas residentes en las provincias de la región patagónica.

1. Repercusiones de la prensa

Críticas por la insuficiencia: Los principales medios y portales especializados han remarcado que el porcentaje de incremento (1,7%) continúa generando una brecha compleja frente a los costos reales de mantenimiento, sueldos de profesionales, insumos y servicios de transporte que afrontan los centros de día, hogares y prestadores independientes.
Cobertura de los nuevos topes: Se han difundido ampliamente las planillas con los nuevos montos —como el valor del transporte por kilómetro que pasó a $915,31 o las internaciones y centros educativos terapéuticos—, evidenciando que los incrementos mensuales siguen corriendo por detrás de la desindexación general del sector.
Tensión presupuestaria: La prensa también vinculó esta actualización con la discusión en torno al proyecto de Presupuesto, señalando cortocircuitos políticos y desconcierto legislativo sobre el financiamiento futuro del área.

2. Opiniones de legisladores

Avance y resistencia opositora: Desde los sectores de la oposición en el Congreso, la actualización por decretos o resoluciones administrativas atadas estrictamente al IPC anterior es vista como un ajuste encubierto que licúa las partidas destinadas al sector.
Controversias en el debate parlamentario: Diversos legisladores han cuestionado la falta de previsibilidad y han puesto el foco en los recortes o modificaciones estructurales que se intentan colar vía presupuesto, generando cruces respecto a la sensibilidad y el cumplimiento de los derechos adquiridos por las personas con discapacidad. Voceros oficialistas, en tanto, defienden la aplicación de la fórmula atada a la inflación oficial para mantener el equilibrio fiscal.

3. Qué opinan las ONG y asociaciones del sector

Desfinanciamiento y crisis prestacional: Las organizaciones no gubernamentales, asociaciones de padres y cámaras de prestadores sostienen que un incremento del 1,7% es “insignificante” frente a la crisis que atraviesan las instituciones.
Riesgo en la atención: Advierten de forma constante que los aranceles oficiales desactualizados ponen en jaque la continuidad de los servicios (transporte, terapias de staff, escolaridad y hogares), ya que muchas obras sociales y prepagas demoran los pagos o trasladan de manera deficiente los aumentos, empujando a los centros al borde del cierre y desprotegiendo a las familias.