La violencia de género constituye una de las crisis estructurales, de derechos humanos y de salud pública más severas y persistentes en América Latina. Lejos de reducirse a episodios aislados de agresión interpersonal, representa una manifestación sistemática de desigualdad estructural, sustentada en asimetrías de poder, patrones culturales arraigados y vacíos de cobertura estatal.
Comprender la dimensión real de esta problemática en Argentina y en la región requiere examinar la evolución de las estadísticas de femicidios y feminicidios, los mecanismos de financiamiento de las políticas públicas y el dilema legislativo sobre la declaración de “leyes de emergencia”.
1. El mapa regional de la violencia de género
América Latina registra de forma constante las tasas más elevadas de femicidios a nivel global fuera de zonas de conflicto bélico directo. De acuerdo con datos comparados de organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), miles de mujeres son asesinadas anualmente en la región por el hecho de serlo.
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| MATRIZ REGIONAL DE RIESGO Y FENÓMENOS |
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| MÉXICO Y CENTROAMÉRICA: |
| - Violencia armada, crimen organizado, feminicidios y desapariciones. |
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| SUDAMÉRICA (Argentina, Brasil, Colombia, Perú): |
| - Intimidad/Hogar (parejas o exparejas como principales agresores). |
| - Violencia económica, digital y barreras de acceso a la justicia. |
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Manifestaciones por subregiones:
- México y Centroamérica: En países como México, Honduras, El Salvador y Guatemala, el fenómeno del feminicidio está atravesado por dinámicas de violencia armada, crimen organizado, trata de personas y una impunidad judicial que supera el 90% en la mayoría de los casos.
- Sudamérica: En países como Argentina, Brasil, Colombia y Perú, la mayor proporción de femicidios ocurre en el ámbito íntimo o doméstico (cometidos por parejas o exparejas). A esta expresión letal se suman la violencia económica, la violencia digital y severas barreras de acceso a la justicia en territorios alejados de los centros urbanos.
El panorama en Argentina
En Argentina, las mediciones históricas del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación) y los observatorios de la sociedad civil (como Ahora Que Sí Nos Ven, La Casa del Encuentro o Mumalá) registran de forma consistente un femicidio cada 28 a 35 horas.
A pesar de los avances normativos pioneros aprobados desde finales de la década de 2000, la tasa de letalidad ha mostrado una meseta difícil de perforar.
2. Financiamiento de las políticas de género: De la expansión al ajuste
El diseño legal de un país resulta ineficaz si no cuenta con el respaldo de un presupuesto suficiente, sostenible y transparente. La trayectoria del financiamiento público contra la violencia de género en Argentina y América Latina expone una fuerte volatilidad condicionada por los ciclos políticos y económicos.
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| CICLO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO |
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| A. EXPANSIÓN Y ETIQUETADO (2019 - 2023) |
| • Creación de ministerios y secretarías específicas. |
| • Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG) e indicadores. |
| • Programas directos: Acompañar, Línea 144, Plan ENIA, ESI. |
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| B. REDUCCIÓN Y OPACIDAD (2024 - 2026) |
| • Desmantelamiento o degradación de estructuras ministeriales. |
| • Caída drástica o eliminación de partidas presupuestarias específicas. |
| • Descentralización del gasto hacia provincias/municipios. |
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A. La etapa de institucionalización y etiquetado presupuestario (2019-2023)
Entre 2019 y 2023, Argentina consolidó la arquitectura estatal de género mediante la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y la implementación del Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG). Este mecanismo permitía etiquetar y monitorear las partidas destinadas a cerrar brechas de desigualdad y prevenir la violencia.
Entre sus herramientas principales destacaron:
- Programa Acompañar: Transferencia económica equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil durante seis meses, combinada con acompañamiento psicosocial para mujeres y personas LGTBQ+ en situación de alto riesgo.
- Línea 144: Canal de contención, información y asesoramiento en violencias de género de alcance federal, disponible las 24 horas.
- Programas transversales: Financiamiento de la Educación Sexual Integral (ESI), el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencionado en la Adolescencia (Plan ENIA) y programas de fortalecimiento a áreas de género locales.
B. El viraje institucional y el ajuste presupuestario .
A partir de los cambios de gestión iniciados a fines de 2023 y consolidados en los presupuestos nacionales de los años siguientes, el esquema sufrió una transformación estructural caracterizada por la disolución del ministerio específico y la drástica reducción de las partidas presupuestarias destinadas a la prevención y asistencia:
- Caída real de programas clave: Reportes técnicos de organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) señalan que las partidas asignadas de forma conjunta al Programa Acompañar, la Línea 144 y la Protección de Víctimas de Violencia experimentaron caídas superiores al 85% en términos reales.
- Desarticulación del Programa Acompañar: Tras haber asistido a más de 100.000 personas en años previos, las altas del programa cayeron de manera pronunciada, desvinculando la prestación económica del acompañamiento directo.
- Opacidad y pérdida de trazabilidad: Partidas que antes contaban con cuentas específicas fueron absorbidas por programas generales (como el área de Justicia o Salud), dificultando el seguimiento público del dinero ejecutado y el monitoreo de metas físicas.
- Sobrecarga en estados provinciales y municipales: La retirada de fondos nacionales derivó en que las provincias y los municipios debieran asumir con recursos propios la atención de la emergencia en sus territorios, generando marcadas asimetrías de cobertura entre regiones ricas y vulnerables.
3. Marcos legales comparados en Latinoamérica
El abordaje legislativo en América Latina ha atravesado distintas etapas normativas a lo largo de las últimas décadas:
| Generación Normativa | Período Aprox. | Enfoque Principal | Ejemplos Representativos |
|---|---|---|---|
| Primera Generación | Década de 1990 | Violencia intrafamiliar / familiar. Ámbito privado. | Leyes de protección contra la violencia familiar post-Convención Belém do Pará. |
| Segunda Generación | 2007 – 2015 | Protecciones integrales. Múltiples tipos de violencia (laboral, mediática, institucional). Tipificación del femicidio. | Ley 26.485 (Argentina), Ley Maria da Penha (Brasil), Ley 1257 (Colombia). |
| Tercera Generación | 2016 – Presente | Enfoque interseccional, reparación integral, violencia digital y reformas procesales. | Ley 19.580 (Uruguay), Ley 21.675 (Chile). |
A pesar de contar con marcos formales avanzados en el papel, el problema recurrente en toda América Latina radica en la brecha de implementación: la distancia entre lo que la ley promulga y la capacidad real del sistema judicial, policial y sanitario para proteger a la víctima de forma oportuna.
4. El debate central: ¿Es necesario establecer “Leyes de Emergencia” para mejorar?
Ante el aumento de casos o el desmantelamiento de los presupuestos ordinarios, organizaciones sociales, legisladores y activistas exigen de manera recurrente la Declaración de la Emergencia Nacional (o Provincial) en Materia de Violencia de Género.
Sin embargo, en el ámbito del derecho público y las políticas públicas, existen opiniones divididas sobre la efectividad de este recurso.
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| EVALUACIÓN DE LAS LEYES DE EMERGENCIA |
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| ARGUMENTOS A FAVOR: |
| • Reasignación presupuestaria ágil y prioritaria. |
| • Contratación directa y refuerzo urgente de recursos/personal. |
| • Visibilización política e institucional de la crisis. |
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| ARGUMENTOS EN CONTRA / LIMITACIONES: |
| • Soluciones temporales para problemas estructurales. |
| • Riesgo de dispensa de controles administrativos. |
| • Ineficacia si no hay voluntad política o fondos reales de respaldo. |
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Argumentos a favor de la declaración de emergencia
- Reasignación presupuestaria prioritaria: Permite al Poder Ejecutivo modificar partidas del presupuesto general para redirigir fondos de forma inmediata a refugios, asistencia económica de urgencia, dispositivos electrónicos de alerta (tobilleras duales) y líneas de atención.
- Agilización administrativa: Habilita mecanismos extraordinarios de contratación rápida para sumar profesionales (psicólogos, trabajadores sociales, abogadas) en fiscalías, comisarías y centros de asistencia primaria.
- Efecto de visibilización y articulación: Obliga a los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) a constituir comités de crisis y rendir cuentas periódicas sobre los avances de las medidas adoptadas.
Argumentos en contra y limitaciones estructurales
- Riesgo de caducidad sin cambios de fondo: La emergencia es, por definición, un instrumento temporal (suele durar entre 1 y 2 años). La violencia de género es un problema estructural que requiere políticas permanentes y previsibles, no parches presupuestarios transitorios.
- El problema de la ejecución presupuestaria: Declarar la emergencia por ley no garantiza la existencia real de dinero si las arcas públicas están quebradas o si el Ejecutivo decide subejecutar las partidas autorizadas.
- Peligro de discrecionalidad: Flexibilizar los mecanismos de compra y contratación mediante decretos de emergencia puede derivar en falta de transparencia y opacidad en el uso de los fondos públicos.
5. Propuestas y matriz de soluciones integrales
Para superar la falsa dicotomía entre la inacción y la mera declaración simbólica de emergencia, los especialistas sugieren articular un conjunto de medidas prioritarias:
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| EJE 1: FINANCIAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD |
| - Blindaje presupuestario de líneas de atención y refugios territoriales.|
| - Autonomía económica para víctimas (incentivos laborales y vivienda). |
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| EJE 2: REFORMA Y ACCESO A LA JUSTICIA |
| - Unificación de fueros (Familia y Penal) para evitar revictimización. |
| - Evaluación de riesgo automatizada y rápida emisión de medidas. |
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| EJE 3: PREVENCIÓN Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL |
| - Sostenimiento de la Educación Sexual Integral (ESI). |
| - Fortalecimiento de la capacitación en el Estado (Ley Micaela). |
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- Garantizar un blindaje presupuestario mínimo: Las partidas destinadas a líneas de primera respuesta (como la Línea 144 en Argentina), refugios de protección y asistencia económica de urgencia deben considerarse servicios esenciales e inembargables.
- Reforma y unificación judicial: Es necesario terminar con la fragmentación entre el Fuero de Familia y el Fuero Penal. Muchas víctimas deben declarar múltiples veces en dependencias distintas, exponiéndose a la revictimización mientras las medidas de restricción llegan demasiado tarde.
- Interconexión de bases de datos: Sistemas como el Sistema Integrado de Casos de Violencia de Género (SICVG) o registros judiciales unificados deben funcionar en tiempo real para que las fuerzas de seguridad identifiquen de inmediato los antecedentes de peligrosidad del agresor.
- Fortalecimiento de la prevención educativa: Mantener programas de prevención primaria como la Educación Sexual Integral (ESI) es el único camino sostenible para desarticular los patrones de violencia desde las infancias.
Conclusión
El mapa de la violencia de género en Argentina y América Latina demuestra que la legislación de avanzada es un requisito necesario, pero insuficiente por sí solo. Sin un financiamiento público previsible, transparente y prioritario, los derechos otorgados en las leyes quedan reducidos a meras intenciones.
La declaración de leyes de emergencia puede funcionar como una herramienta útil para resolver cuellos de botella inmediatos y destinar recursos de manera ágil ante picos de violencia. Sin embargo, no sustituye la necesidad de construir una arquitectura estatal permanente, con instituciones sólidas, justicia con perspectiva de género y políticas de autonomía económica que permitan a las personas salir a tiempo del ciclo de la violencia.
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