Es innegable que las prestaciones médicas para las Personas con Discapacidad (#PcD) necesitan un fortalecimiento urgente y significativo en Argentina. A pesar de la existencia de un marco legal sólido, como la Ley Nacional 24.901, que garantiza una cobertura integral, la realidad cotidiana para muchas familias y prestadores está marcada por la burocracia, la falta de actualización de aranceles y la incertidumbre. Este desajuste afecta directamente el acceso pleno a los derechos adquiridos y, por ende, a la calidad de vida de las PcD.
El diputado nacional Leandro Santoro reclamó al Gobierno que aclare el contenido de unos audios difundidos en las últimas horas en los que el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (#Andis), Diego Spagnuolo, reconoce la existencia de corrupción en esa estructura que dirige. Hizo una cuestión de privilegio contra el titular de Discapacidad por “un acto insólito: el día que tenemos que tratar la emergencia en discapacidad están circulando audios, presuntamente de Spagnuolo, diciendo que en el Gobierno argentino se cobraron coimas de medio millón de dólares por mes”.
“Si se confirman los dichos, son de una gravedad absoluta: un supuesto entramado de recaudación ilegal de dinero en la compra y venta de medicamentos, una clínica vinculada a amigos del partido “La Libertad Avanza” que articula contratos con laboratorios y exige retornos del 8%, de los cuales un 3% presuntamente se llevaría Karina Milei. Esto no sería un hecho aislado. Confirmaría el mismo esquema de recaudación que saltó con $LIBRA”, afirmó el presidente de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro.
El circo chimentero comenzó a buen ritmo. “Hablé con el presidente y le dije: «Están choreando, te podés hacer el boludo, pero no me tiren a mí este fardo». “Llega a haber algún quilombo y no me cuidan, tengo todos los WhatsApps de Karina”, es una de las frases atribuidas a Spagnuolo que difundió el canal de streaming #Carnaval.
La Desactualización de los Aranceles: El Talón de Aquiles
Uno de los problemas más críticos es la falta de actualización de los aranceles que las obras sociales y prepagas pagan a los prestadores de servicios de discapacidad (centros de día, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos, etc.). Con una inflación en aumento, los montos se vuelven insuficientes para cubrir los costos operativos, lo que pone en riesgo la continuidad de los tratamientos. Esta situación no solo afecta la sostenibilidad de los centros y profesionales, sino que también limita la oferta de terapias esenciales para el desarrollo integral de las PcD, vulnerando directamente su derecho a la salud y a la rehabilitación.
La Batalla Burocrática y la Incertidumbre
Además de la cuestión económica, las familias enfrentan una constante lucha burocrática. Los trámites para obtener y renovar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), las autorizaciones de tratamientos y la aprobación de insumos y equipos pueden ser largos y complejos. Esta burocracia exasperante no solo genera estrés, sino que a menudo provoca interrupciones en los tratamientos, lo que tiene consecuencias negativas e irreversibles, especialmente en el caso de niños y jóvenes que se encuentran en pleno proceso de desarrollo.
Acciones Recientes y Desafíos Futuros
En la actualidad, el tema ha cobrado gran relevancia en la agenda pública y política. Se han registrado movilizaciones y reclamos por parte de familiares, asociaciones y prestadores. En este contexto, el gobierno nacional ha anunciado que está evaluando un aumento en las prestaciones para personas con discapacidad, mientras que en el ámbito legislativo se ha debatido y, en algunos casos, vetado, proyectos de ley que buscaban declarar la emergencia en discapacidad para regularizar pagos y actualizar aranceles. Estas acciones reflejan la tensión entre la necesidad de garantizar los derechos de las PcD y las limitaciones presupuestarias del Estado.
El fortalecimiento de las prestaciones médicas es una necesidad imperiosa. Requiere no solo una inyección de recursos económicos, sino también una reforma integral que simplifique la burocracia, agilice los pagos y garantice un sistema de atención que ponga en el centro a la persona con discapacidad y no a los procesos administrativos. Solo de esta manera se podrá asegurar que los derechos adquiridos por ley se traduzcan en una realidad plena y equitativa para todos.
Seguiremos investigando, por el derecho a la salud de las personas, estipulado en la ley nacional 26.378, mientras, los laboratorios involucrados en caso de corrupción, hacen silencio. El intrépido vocero presidencial, atento a las moscas circulantes, intenta calmar las olas de impacto político, tratando de explicar lo inexplicable.
