El gobierno nacional promulgó la ley que declara la emergencia nacional en discapacidad, pero resolvió suspender su implementación hasta que el Poder Legislativo defina cómo se financiarán los gastos y contemple las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional.
Hubo denuncias penales contra el Presidente Milei por la demora en la promulgación de la ley de emergencia en discapacidad. En varias provincias se presentaron amparos judiciales para revertir la suspensión de pensiones no contributivas, y un juez en Catamarca ordenó su restitución. Además, el gobierno nacional anunció que promulgará la ley, pero no la aplicará por falta de financiamiento.
Durante la semana actual, la problemática de la discapacidad en Argentina se ha centrado en dos temas principales:
La mayoria de los medios argentinos titulaban así: La Ley de Emergencia en Discapacidad: El Congreso de la Nación ratificó y promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, a pesar del veto del presidente Javier Milei.
Sin embargo, el gobierno ha anunciado que, si bien la promulgará, no la aplicará de inmediato hasta que se defina la fuente de financiamiento para su implementación.
Esta situación ha generado un debate sobre la viabilidad de la ley y las protestas de organizaciones de personas con discapacidad y sus familias, quienes exigen su aplicación inmediata.
La situación de las Pensiones por Discapacidad: Continúa la preocupación y los reclamos por las bajas y suspensiones de las pensiones no contributivas por invalidez.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha sido objeto de pedidos de informes y resoluciones en la Cámara de Diputados, solicitando la restitución de las pensiones y la transparencia en los procedimientos de baja. Además, se conoció que un juez ha dado un plazo de 24 horas a la ANDIS para cumplir con una medida cautelar y restablecer el pago de una pensión, lo que evidencia la judicialización de este problema.
Otros puntos relevantes:
Aumento de pensiones: La ANSES anunció un aumento del 1,90% en las pensiones no contributivas por invalidez para el mes de septiembre, además de un bono extraordinario.
Problemas estructurales: A pesar de los eventos recientes, persisten problemas estructurales de larga data, como el incumplimiento del cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en la administración pública.
Eventos y proyectos: Se están llevando a cabo debates y comisiones en la Cámara de Diputados sobre temas relacionados con la discapacidad, como la Ley de Emergencia y otros proyectos de ley, incluyendo uno para la creación del programa “Banco Azul” para concientizar sobre el Trastorno del Espectro Autista.
También se anuncian eventos como el “Bioactitud 2025” para fines de septiembre. Incertidumbre en el sector: La decisión del Gobierno de promulgar la ley pero no aplicarla hasta definir el financiamiento ha generado gran preocupación e incertidumbre en el sector. Las organizaciones de personas con discapacidad, prestadores de servicios y familias temen que esta situación genere un vacío de cobertura y un aumento de los problemas ya existentes.
Otras medidas de la ANDIS: La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha prorrogado por un año la validez de los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) que tienen fecha de actualización original en 2025. Esto busca evitar la interrupción de derechos y prestaciones para miles de personas. La medida, sin embargo, no aplica a los CUD con prórrogas de años anteriores.
En resumen, la semana ha sido de gran tensión para el colectivo de personas con discapacidad, con un gobierno que busca limitar el gasto público y un Congreso y un poder judicial que reclaman la implementación de leyes y derechos
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